367. La lucha contra el chabolismo en Madrid III

Nos habíamos quedado en que se muere Franco, al final de 1975. Como hemos contado, Madrid está en esos momentos rodeado de un cinturón de chabolas, en el que la población venida de las áreas rurales de Extremadura, Andalucía y otras regiones, ha trasladado sus hábitos y costumbres tradicionales. Implantados los primeros pioneros, los que van llegando después conocen siempre a alguien ya instalado, un familiar o un paisano, que les introduce en la vida del núcleo. Aparecen tabernas, estancos y parroquias. Todo ello permite el mantenimiento de la estructura familiar y los lazos de amistad y paisanaje. Los cabezas de familia cuentan con un empleo en actividades legales, lo que permite a las familias un nivel de subsistencia mínimo, pero digno. La situación genera unas condiciones de empatía que facilitan la asociación, la conciencia de clase y el convencimiento de que esa cohesión social les dota de una gran fuerza.

El sistema permite que los más listos o los más currantes o simplemente los que tienen más suerte, mejoren en la escala social. Los hay que dejan la chabola y a veces la alquilan a inmigrantes de segunda oleada, que se meten donde pueden. También aparecen intermediarios que se hacen con la propiedad, más o menos legal, de muchas chabolas y las ofrecen en alquiler. Según los datos de las propias asociaciones, a mediados de los setenta, la población de estos asentamientos se componía aproximadamente al cincuenta por ciento de inquilinos y propietarios, unos y otros respaldados por documentos de dudosa legalidad. El orden urbanístico es precario y comienza a despuntar una cierta expectativa de promotores y propietarios de suelo privados, que inician obras donde pueden, a menudo yuxtapuestas con los propios núcleos de infravivienda. Aquí pueden ver una foto aérea de 1965. Al fondo, una UVA (Unidad Vecinal de absorción). En el centro la gran masa de chabolas. Aquí y allá bloques de privados brotando en las áreas libres. Es una foto muy significativa de la problemática de partida.

El caos es notable pero, como también se ha dicho, la Ley de Asociaciones ha abierto la puerta a la creación de organizaciones vecinales y, en un país en el que los partidos políticos son ilegales, toda la oposición al régimen aprovecha ese resquicio. Para cuando llega la democracia, la gente está organizada y unida en un objetivo común. Los dirigentes vecinales tienen censos completos de afiliados, con información detallada: en qué trabajan, cuánto dinero ganan, cuántos hijos tienen, a qué colegio los llevan. Las diferentes asociaciones se federan en una Coordinadora, que agrupa a las 40.000 familias chabolistas. Cuando se convoquen las primeras elecciones democráticas, resultará de ellas el Gobierno de la UCD, formado, digamos, por disidentes y aperturistas del régimen franquista, junto con opositores moderados. Este Gobierno será el interlocutor de la Coordinadora de Barrios en Remodelación. La negociación entre ambas partes es dura y laboriosa, pero finalmente los líderes vecinales consiguen una solución aceptable, que respeta sus pretensiones fundamentales.

Leyendo artículos y libros, se suelen dar por ciertas dos afirmaciones, que yo pongo en cuestión (aunque puedo estar equivocado). La primera es que, en la contienda de unos ciudadanos agrupados y fuertes contra un gobierno débil, el resultado estaba cantado. Vale, que se lo crea el que quiera, pero a mí me parece que eso es quitarle méritos al hombre que representaba al gobierno en tal contienda: Joaquín Garrigues Walker, flamante Ministro de Obras Públicas y Urbanismo (tiempos dorados aquellos en que el urbanismo merecía un ministerio). Este señor, a cuya figura dedicaré algún día un post específico, era un verdadero demócrata, que entendió la importancia de lo que se jugaba, comprendió que la reivindicación ciudadana era justa y la hizo suya, defendiéndola en las reuniones de gobierno y convenciendo a sus colegas de gabinete más renuentes de la imperiosa necesidad de acometer una operación que implicaba un gasto importante para el Estado.

El segundo lugar común es que el gobierno reconoció la deuda social, es decir, admitió que la culpa de la situación a que se había llegado la tenía el régimen anterior y eso justificaba el que el Gobierno, elegido democráticamente, devolviera esa supuesta deuda. Eso es lo que se vendió a los vecinos, para calmar los ánimos y para que las asociaciones y sus dirigentes sacaran pecho. Para mí es, en cierto modo, una excusa para un resultado que yo interpreto de otra manera. Yo creo en dos axiomas. 1.- Determinadas problemáticas urbanas requieren la intervención de la iniciativa pública, no se pueden confiar a actores privados, porque no se puede esperar de ellas un rendimiento económico. Su rendimiento es únicamente social y eso supone un balance de cuentas negativo, que sólo una administración puede asumir. 2.- Dando por admitido lo anterior, está claro que, para solucionar un problema de este tipo, hay que poner dinero. Dinero público. A fondo perdido. Y si el problema es gigantesco, como era el caso, se necesita mucho dinero.

Todo eso lo entendió Garrigues Walker, que promovió, consiguió y firmó la asignación de un dineral para acabar con el chabolismo en España. Por devolver la deuda social, o por las razones que yo digo, lo cierto es que el Estado se desabrochó una cantidad que se estima en 220.000 millones de pesetas. Casi nada. Imaginarán la desolación de mi auditorio en Sri Lanka cuando les revelé este dato. Pero, además del tema financiero, la operación tenía un componente urbanístico de gran dificultad. Se trataba de sustituir un tejido aleatorio, de chabolas implantadas en subdivisiones de la estructura rural original del territorio, por una verdadera ciudad, con calles, plazas, glorietas, transporte público, parques, escuelas y servicios de todo tipo. Y aún más difícil era la gestión y programación de todo ello. Había que ir construyendo los nuevos bloques en los huecos libres que quedasen, trasladar uno a uno a los chabolistas a esos edificios, demoler los chamizos y conseguir nuevos espacios para los siguientes bloques.

Pero la mayor dificultad fue la participativa, que requirió un esfuerzo pedagógico y didáctico notable. Había que convencer a los inmigrantes de que lo que se les ofrecía era cojonudo, una oportunidad única de salir de la miseria y convertirse en verdaderos ciudadanos de Madrid. Eso supuso muchas asambleas y sesiones maratonianas, para vencer la reticencia de los disidentes y desconfiados. Además, mucha gente tenía en la chabola huertos, gallinas y hasta un burro, asuntos a los que debía renunciar. La negociación se cerró sobre la base de unas cuantas condiciones fundamentales. El realojo sería in situ; no se trasladaría a nadie lejos de su lugar de implantación. El coste de la vivienda nunca superaría el 10% de los ingresos familiares del beneficiario. El proceso sería participado, con presencia vecinal en todos los organismos gestores, en colaboración estrecha con la administración. La nueva ciudad tendría todos los equipamientos exigidos por la Ley. Y se necesitaba un acuerdo con los bancos para facilitar las condiciones de pago a unos señores que, con perdón, no tenían un duro y se pretendía que se convirtieran en propietarios de las nuevas viviendas, como forma de implicarlos en la operación. 

Pero no puede entenderse este proceso sin el vuelco histórico que está dando el país en ese momento incierto, lleno de riesgos y oportunidades. El día 1 de julio de 1976 el rey Juan Carlos ha destituido a Arias Navarro (el mismo que, siete meses antes, había anunciado entre pucheros la muerte de Franco en televisión) y nombrado a Suárez, que toma posesión el día 3, con el encargo de pilotar la transición a la democracia. Garrigues Walker se pone a trabajar enseguida. El movimiento vecinal había conseguido antes un primer éxito, con el Real Decreto Ley 323/1976, de 23 de enero, que determinaba la remodelación completa del Poblado Dirigido de Orcasitas, uno de los 28 núcleos de la lista, cuya edificación estaba en situación de ruina inminente. Abierta esa primera brecha en el muro estatal, Garrigues visitó los poblados y tomó conciencia de las dimensiones del problema. Se convenció él y convenció al Gobierno del que formaba parte de que había que adoptar la decisión de extender la remodelación a los otros 27 núcleos, aprobando la partida presupuestaria correspondiente. El monumental trabajo empezó, si bien no tuvo cobertura jurídica hasta la Orden Comunicada del MOPU de 24 de mayo de 1979, en la que Sancho Rof, sucesor de Garrigues, da oficialidad al proceso. El cómo se desarrolló el asunto en sus aspectos de detalle, se queda para la entrega siguiente.

*Las fotos reproducidas son propiedad del Ayuntamiento de Madrid