424. Crímenes resueltos pero no juzgados

AQUÍ tienen un viejo post mío (de hace casi dos años) que les pido que relean, aunque sea un poco en diagonal. Los dos casos que se citaban allí, han tenido algún tipo de continuidad en las noticias de la prensa de estos días. Empiezo por el segundo, el triste asunto Asunta. Así se llamaba la inteligente y guapa niña china de 11 años que fue asesinada el 21 de septiembre de 2013 en las afueras de Santiago de Compostela. Es decir, que están a punto de cumplirse dos años. Una semana después, el 28, la policía parecía tener resuelto el caso: los asesinos serían los padres adoptivos de la niña, una pareja de la alta sociedad compostelana. Tan seguros estaban, que ya habían procedido a detener a la pareja, de forma preventiva, hasta que se celebrara el juicio.

Dos años después, la situación es exactamente la misma. La pareja sigue detenida en espera de juicio. Un prodigio de rapidez, nuestra justicia. Por la misma vía va otro crimen rápidamente esclarecido por la policía: el asesinato a tiros en León de la presidenta del PP local, Isabel Carrasco. En este caso, ni siquiera necesitaron una semana; la misma tarde del crimen estaban detenidas la autora material y su hija, supuesta cómplice. Este crimen es de mayo de 2014. Hace año y medio. Hoy había una vista previa en la Audiencia Provincial de León, para que las defensas aportasen pruebas de que la asesinada algo habría hecho. No sé qué pruebas serán esas para que la defensa espere que se las admitan como atenuantes en un caso de asesinato premeditado, alevoso y por la espalda. Y con autora confesa.

Desconozco si en Guatemala la justicia es tan lenta como la nuestra, y eso nos lleva a la primera de las dos historias que se contaban en el post citado. Si de verdad lo han releído, sabrán que allí se cita un organismo creado y amparado por la ONU: la CICIG, Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. La CICIG había conseguido descifrar el complejo caso de la muerte por disparos del abogado Rodrigo Rosenberg, acaecida en 2009 y sobre la que se había rodado un interesante documental en el que hacía de narrador el fiscal español Carlos Castresana, que en el momento de los hechos dirigía la CICIG. Pues bien, este organismo, ahora bajo el mando del juez colombiano Iván Velasquez, se acaba de apuntar su éxito más sorprendente: el procesamiento del propio presidente de la república, Otto Pérez Molina, junto con la vicepresidenta, antigua Miss Guatemala, y sus principales colaboradores.

Molina fue forzado a dimitir de su cargo, lo que sucedió el 2 de septiembre y, tan sólo un día después, un juez local firmó la orden de arresto inmediato del mandatario. Algo ciertamente muy poco frecuente. Recordemos que a Nixon lo declararon copartícipe del caso Watergate, pero no fue imputado con cargos formales, por lo que dimitió y se retiró a su rancho. Los americanos no pudieron darse el gusto de ver a este personaje detrás de los barrotes de una celda. A Molina sí que se le imputan cargos graves, aunque los guatemaltecos no han podido tampoco contemplar su imagen entre rejas, como veremos. Pero vayamos al principio. En 2006, la situación social en Guatemala era terrible, unos pocos potentados vivían bien, protegidos del caos por muros y alambradas. Al otro lado de las murallas la gente malvivía en una situación de inseguridad tremenda, con quince asesinatos diarios, la mayoría sin ser nunca esclarecidos, y los sicarios anunciando libremente sus servicios en la prensa diaria.

El gobierno guatemalteco se vio tan acogotado que se le ocurrió pedir ayuda a la ONU. Y la ONU aceptó crear la comisión arriba citada con una única condición: que la dejaran trabajar en libertad, que no se detuvieran ni obstaculizaran sus indagaciones aunque se vieran implicadas personas pudientes o importantes. En diciembre de 2006 se firmó el protocolo de creación de la CICIG, que hubo de ser luego ratificado por el Congreso y el Tribunal Constitucional, lo que sucedió en agosto de 2007. A partir de entonces, los agentes de la CICIG empezaron su trabajo (ahora mismo son más de 200) entre la desconfianza de los políticos y empresarios y el apoyo unánime de la población, que sale de vez en cuando a las calles a mostrar ese respaldo en manifestaciones masivas, inspiradas en el 15-M, Occupy Wall Street y movimientos análogos.

A mediados del año pasado, los agentes empezaron a investigar una serie de denuncias de que un grupo grande de importadores burlaban al fisco de forma sistemática y cotidiana adulterando la documentación de sus envíos con la complicidad de los funcionarios de fronteras, para ahorrarse una parte sustancial de los impuestos. La parte principal del dinero obtenido se repartía entre los jefes de la trama, aunque allí pillaban todos; ya saben el viejo dicho manchego: el que con harina anda, algo le queda en las uñas. Tirando del hilo, los de la CICIG llegaron al secretario personal de la vicepresidenta, Juan Carlos Monzón, conocido popularmente por El Robacarros, por su anterior profesión. El tipo fue advertido de que le buscaban las vueltas y se dio el piro, encontrándose actualmente en paradero desconocido.

En la CICIG se llegó al convencimiento de que había sido su propia jefa, de viaje en Corea, la que le había dado el soplo, conclusión avalada cuando, al regreso, la pillaron mintiendo sobre diversos detalles de su estancia coreana, como la fecha de llegada de su vuelo. La población se movilizó por Whatsapp, Facebook y otras redes y empezaron las manifestaciones masivas pidiendo la renuncia de la vicepresidenta, antigua Miss Guatemala, a la que la gente ya tenía bastante manía. Los de la CICIG tenían por entonces más de 60.000 conversaciones de teléfono grabadas, e innumerables mails que probaban el fraude y la implicación de la vicepresidenta, que se vio forzada a dimitir en el mes de mayo pasado, y está ahora mismo en prisión. Abajo ven la cara que se le quedó cuando fue citada a declarar ante un juez.

Pero Velasquez y los de la CICIG tenían aun guardado un golpe maestro. El 28 de agosto, dieron una rueda de prensa histórica. En ella acusaron, directamente y sin sombra de duda, al presidente de ser la cabeza de la trama corrupta. Otto Pérez Molina aún aguantó una semana, pero al fin tuvo que dimitir el 2 de septiembre. Perdida la inmunidad, al día siguiente un juez decretó su entrada en prisión. La población lo celebró con júbilo. Llevaban desde mayo manifestándose con pancartas como la que ven abajo.

Este último giro de la situación ha puesto los dientes largos a los países vecinos y ya en Honduras la gente sale a la calle reclamando la creación de una CICIH. Centroamérica es uno de los lugares más violentos del mundo, ruta de la droga, cuna de las maras y paraíso de las mafias entreveradas en la estructura de los estados. Las únicas excepciones son Costa Rica (una maqueta del sueño americano) y Panamá (una maqueta de la pesadilla americana). La población de Honduras, Nicaragua y El Salvador está harta de la miseria y la inseguridad y miran con cierta envidia a Guatemala. Hace unos años, la ciudad colombiana de Medellín era una de las más violentas del mundo, pero ahora se ha convertido en la urbe cosmopolita que tira del progreso y la innovación de su país. Y todo con un poco de inversión y mucha imaginación en los políticos que la gobiernan.

A este respecto, ha llegado hasta mí la lista de las ciudades del mundo en las que se cometen más homicidios por habitante. Las diez primeras son las siguientes: San Pedro Sula (Honduras), Caracas (Venezuela), Acapulco (México), Joao Pessoa (Brasil), México DF (México), Maceió (Brasil), Valencia (Venezuela), Fortaleza (Brasil), Cali (Colombia) y Sao Luis (Brasil). Como, ven, todas están en Latinoamérica. Guatemala lucha por sacar a sus ciudadanos de este ranking siniestro, con la ayuda de la ONU. La dimisión del presidente Molina es un paso decisivo en esta larga carrera contra el crimen y la corrupción. Pero una república bananera no deja de serlo en dos días, por mucho que le ayude la ONU. Y aquí entra de lleno la explicación de por qué los guatemaltecos aún no han podido ver la imagen de Molina entre rejas.

Como se ha dicho, Molina dimitió en la madrugada del 2 al 3 de septiembre. Los investigadores de la CICIG pidieron inmediatamente a un juez que dictara orden de detención del presidente dimitido. Pero esta orden no se emitió hasta por la tarde. Según las leyes guatemaltecas no se puede detener a nadie después de las 6 de la tarde, hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Poco después de la primera de estas horas, el abogado de Molina compareció en su nombre en la sede del gobierno. Ante la prensa manifestó la disposición de su defendido de ponerse a disposición de la Justicia y defender su buen nombre. Dijo también que Molina quería evitar la imagen pública de su detención y se presentaría al día siguiente ante el juez. Ante la pregunta de dónde estaba Molina, el abogado dijo que había salido hacía un rato. ¿Y a dónde? –le preguntaron. Respuesta: no sé, a mi no me dijo a dónde iba, supongo que a su domicilio.

Con mi texto ya terminado y subido al blog, me llega la noticia de que un juez ha ratificado la orden de prisión para Molina, quien deberá por fin pasar a la situación de detención preventiva. Su abogado, viejo zorro que lleva años dilatando el proceso del ex dictador Efraín Ríos Montt, no va a poder repetir aquí su estrategia. Ahora tiene enfrente a la CICIG y, además, los tiempos han cambiado y la gente ya no parece dispuesta a tolerar cosas así. En fin, pónganse el vídeo de abajo y pregúntense conmigo: MOLINA ¿A DÓNDE COÑO IBAS? Buenas noches.